Legalizar la hoja de coca podría salvar muchas vidas indígenas

Cuando Herasmo García Grau se adentró en la espesa selva amazónica cerca de su casa en Ucayali, Perú, planeaba regresar con los frutos de una pequeña cacería para proveer a su familia. Pero el líder indígena de 28 años nunca volvió a casa. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente: había sido torturado y asesinado a balazos.

García Grau defendía activamente los bosques locales de actividades delictivas como la producción de hoja de coca y la tala ilegales, le dijeron los líderes locales al sitio de noticias ambientales Mongabay poco después de su muerte a finales de febrero. Se cree que el narcotráfico es responsable de este asesinato, pues fue el segundo líder indígena asesinado en la zona en solo doce días y, al parecer, desde el inicio de la pandemia al menos siete personas más han sido asesinadas en la Amazonía peruana en circunstancias similares.

Perú es el segundo mayor productor de coca del mundo, solo después de Colombia, con 54.655 hectáreas de cultivos de hoja de coca en 2019, según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) del país, en comparación con las 154.475 hectáreas de Colombia. La producción y el trasporte aéreo de coca han aumentado en el remoto departamento de Ucayali y las regiones vecinas en los últimos años.

La mayoría de los cocaleros peruanos no son narcotraficantes sanguinarios, sino agricultores de pequeña o mediana escala que producen la hoja porque siempre hay compradores para ella y así logran generar los modestos ingresos que necesitan para alimentar a sus familias. Este tipo de agricultores son muy vulnerables a la violencia: en 2019, dos de ellos fueron asesinados a tiros durante una operación de erradicación de cultivos de coca por parte del gobierno en San Gabán, cerca de la frontera con Bolivia.

Perú tiene una pequeña producción legal de coca desde 1979, cuando el gobierno decidió permitir el cultivo de 22.000 hectáreas para usos tradicionales. Ahora, uno de los principales candidatos presidenciales, Pedro Castillo, un maestro populista miembro del partido de izquierda Perú Libre, está promoviendo un manifiesto que propone apoyar a los cultivadores de coca mediante la realización de un censo de productores y el impulso del procesamiento de la coca para usos nutricionales y medicinales. Mientras tanto, en la vecina Bolivia, algunos líderes sindicales esperan emular el programa peruano de producción legal de coca, pero a un nivel mucho más grande y bajo el control de la comunidad.

Sin embargo, a pesar de las ventajas que muestra este esquema en Bolivia, debido a las complejidades particulares de la sociedad peruana, generar un cambio no será fácil para ellos.

Durante miles de años, la hoja de coca masticada o en té se ha utilizado en los Andes como un medio para calmar el hambre, curar enfermedades y aumentar los niveles de energía, sobre todo en el caso de quienes realizan trabajos manuales duros. Debido a que son consideradas plantas sagradas, se utilizan también como ofrendas en ceremonias, y es por ese tipo de usos tradicionales que en Perú, como en Bolivia, se permite su producción legal a pequeña escala.

Se supone que la cosecha de coca legal del país se vende a la compañía estatal Empresa Nacional de la Coca (ENACO), que vende la hoja para usos tradicionales y la convierte en productos como licor, tés y harina. También le vende la hoja a la empresa estadounidense Stepan Co, la cual remueve de ella los alcaloides de la cocaína antes de vendérsela a Coca-Cola.

Sin embargo, la ENACO solo compra una pequeña fracción de la coca legal de Perú. La producción legal del país es de alrededor de 10.780 toneladas al año, y las compras de la ENACO en 2016 representaron solo el 17 por ciento de ello, según un informe de DEVIDA de 2017. Parte del sobrante se vende informalmente para usos tradicionales, pero en general lo más probable es que la coca peruana termine en el tráfico de drogas ilegales, según los observadores. En 2015, la producción ilegal de coca fue de alrededor de 87.303 toneladas, según el informe.

Un obstáculo al que se enfrentan los productores que quieren incorporarse al mercado legal de la coca es la falta de demanda. Solo cerca del 14 por ciento de la población consume hoja de coca, según una encuesta de 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Aunque cualquiera puede comprarla, la gente la asocia con los trabajadores rurales, según Edgard Gutiérrez Vargas, gerente de comercio tradicional de la ENACO.

“Las personas que la mastican son quienes nacen en esa cultura”, dijo, y agregó que muchos habitantes de la ciudad no saben cómo consumir la hoja de coca. (De hecho, al masticarla se forma una masa amarga; es más una cuestión de formar una masa y conservarla en la mejilla).

Bolivia, por su parte, ha abordado con éxito las violaciones de derechos humanos relacionadas con la coca mediante la implementación de un esquema progresivo en el que la producción de coca está controlada por la comunidad local, en lugar de las fuerzas de seguridad.

Cada uno de los cultivadores tiene permitido una plantación de coca de 1600m2, conocida localmente como cato. Deben registrarse a través de su sindicato, que les da seguimiento a través de un registro biométrico y monitorea cuidadosamente los cultivos para asegurarse de que se apeguen a los límites.

Este enfoque ha reducido drásticamente los abusos contra los derechos humanos y la violencia relacionada con la producción de coca. Un informe de 2015 de Open Society Foundations encontró que la erradicación forzosa en la región del Chapare de Bolivia causó 60 muertes y cientos de heridos entre 1996 y 2004. Sin embargo, una vez implementado el esquema de control social, esas cifras se redujeron a solo seis muertes entre 2006 a 2014.

Los críticos del esquema boliviano han señalado que el país produce más coca de la que necesita para sus usos tradicionales, y parte de su producción legal probablemente termina en el narcotráfico. Este panorama podría asustar a algunos de los encargados de la formulación de políticas en Perú.

No obstante, la UE ha apoyado el esquema en Bolivia con infraestructura, soporte técnico y capacitación, y sugirió que un modelo similar podría funcionar en Perú. Algunos líderes sindicales peruanos han visitado Bolivia para aprender cómo funciona el sistema y el gobierno peruano había considerado aplicarlo en algunas áreas para el año 2020. Lo cual marcaría una apertura considerable en comparación con el pequeño esquema legal actual de Perú, que funciona a través de un complicado sistema de licencias.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre el cultivo de coca en Bolivia y Perú, como señala un estudio comparativo reciente. A diferencia de Bolivia, donde la producción se concentra en las dos regiones principales de Los Yungas y Chapare, Perú tiene 16 áreas de cultivo diferentes y las comunidades no siempre comparten puntos de vista. Por ejemplo, ¿por qué los cocaleros con grandes plantaciones acordarían reducir drásticamente el tamaño de sus cultivos para adaptarse a un sistema en el que cada agricultor solo obtiene una pequeña parcela?

Es más, los sindicatos cocaleros de Perú son políticamente menos poderosos que sus homólogos bolivianos, que controlan el acceso a la tierra. "El sindicato Chapare rige casi todos los aspectos de la vida de una persona", afirma el estudio. El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien gobernó el país durante 14 años, llegó al poder como líder sindical de los cocaleros. Los productores peruanos nunca han tenido este nivel de participación en el gobierno y muchos tienen una profunda desconfianza hacia el Estado.

A pesar de estos desafíos, los problemas arraigados en la política actual de Perú dejan en claro que se necesita un cambio. La estrategia del gobierno de erradicar la coca cultivada ilegalmente podría estar empeorando la deforestación y los conflictos por las tierras indígenas. Los productores cuyos cultivos son erradicados buscan lugares cada vez más remotos e inaccesibles para replantarlos, según Álvaro Pastor, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien contribuyó al informe comparativo.

"Creo que la política nacional de drogas no ha evaluado adecuadamente los impactos de su política de erradicación constante en los últimos 20 años", dijo. “Simplemente piensan que Huayllaga y Monzón [los principales lugares de cultivo de coca en Perú] ya no son el centro de producción de droga que solían ser. No están considerando a dónde está [ha sido desplazada] la coca que estaba allí".

Al igual que Bolivia y Colombia, Perú ha intentado durante mucho tiempo persuadir a sus cultivadores de coca, conocidos como cocaleros, para que sustituyan sus plantas por cultivos como el café. Pero estos esfuerzos, conocidos como desarrollo alternativo o sustitución de cultivos, han estado plagados de problemas.

Marianne Zavala, una líder sindical de cultivadores de coca, dijo que en su comunidad se hicieron intentos por desarrollar cultivos de pimiento morrón y granos de pimienta. “Nos entusiasmamos con esas propuestas y tomamos préstamos”, dijo en un evento virtual paralelo a una sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, organizado por la Red Andina de Información sobre políticas de drogas y derechos humanos. “Pero luego esos grupos desaparecen y nos quedamos con la deuda, sin saber dónde vender el producto”.

En los últimos años, la caída de los precios del café ha orillado a los agricultores a cultivar coca. El Dr. Thomas Grisaffi, profesor de geografía humana en la Universidad de Reading y uno de los autores del estudio comparativo entre Bolivia y Perú, dijo que los productores estaban “literalmente arrasando con plantaciones de café que habían estado allí durante décadas y que habían sido cultivadas por sus padres y abuelos, porque decían, 'Literalmente, ¿qué más podemos hacer? O cambiamos al cultivo de coca o abandonamos el área".

La mayoría de los productores también producen otros cultivos, pues las duras sanciones por cultivar coca son un fuerte incentivo para que se diversifiquen, señaló Grisaffi. Pero es difícil encontrar un cultivo que ofrezca una alternativa realista, ya que la coca es liviana para su transporte, se cultiva fácilmente y se puede cosechar varias veces al año.

La estrategia del gobierno en los próximos años dependerá de quién gane las elecciones presidenciales de Perú en junio. El manifiesto de Castillo sostiene que el status quo impulsa la informalidad y el narcotráfico, y aumenta la percepción de que todos los productores están involucrados en la venta de drogas.

Evo Morales, que todavía ostenta un gran poder entre los cocaleros bolivianos, le ha dado a la candidatura de Castillo su aprobación. Pero su propuesta no será recibida con el mismo entusiasmo en Estados Unidos, que es el país que financia el programa de erradicación de la coca en Perú y quiere mantener el sistema actual de erradicación, como lo hace en toda América Latina. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en un informe reciente que Perú "debería expandir las operaciones de erradicación de la coca a áreas de alto rendimiento como el VRAEM y Puno".

El gobierno peruano ha argumentado en varias ocasiones que no puede justificar la legalización de más campos de coca porque no hay suficiente demanda de la hoja en el mercado legal, pero tampoco ha mostrado mucho interés en estimular esa demanda, según Pastor. “Si vas a las tiendas ecológicas, venden hoja de coca”, dijo. “Los hipsters y los bohemios la compran. Pero si vas a un supermercado, ahí no la venden, no la promueven".

Keiko Fujimori, del partido derechista Fuerza Popular, está actualmente justo detrás de Castillo en las preferencias electorales. Su plan de gobierno describe la hoja de coca como “el único ingrediente insustituible en la producción de pasta base de cocaína y cocaína”, por lo que se inclina en favor de las conocidas políticas conservadoras de erradicación y desarrollo alternativo del cultivos.

Sin importar quien gane, los cultivadores de coca son escépticos ante la perspectiva de un cambio real, dado el historial del gobierno de oscilar entre la participación comunitaria y la erradicación forzosa, dijo Pastor.

No obstante, muchos productores saben que se necesita un cambio, porque la sobreproducción al final provocará una respuesta severa por parte del estado, dijo. "Lo que dicen es, o nos autorregulamos o terminaremos sin nada".