La dosis personal: el nuevo enemigo de la alcaldía de Peñalosa

La alcaldía de Enrique Peñalosa acaba de llegar a una nueva y bien curiosa conclusión: que por culpa de un derecho ciudadano extendido recientemente, ya no puede incautar la cantidad de droga suficiente para combatir el microtráfico en la capital.

Así lo sostuvo el lunes de esta semana el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, respaldado servilmente por un titular del periódico El Tiempo del mismo día: “Fallo de la Corte tiene en jaque la lucha contra el microtráfico”. Lo que dice el diario en su título da a entender una cosa muy grave: que un solo caso que está en la Corte Suprema de Justicia está torpedeando los esfuerzos para perseguir a las bandas que negocian cocaína, marihuana, heroína, basuco.

Se trata de un fallo de 2016 que amplía el concepto de dosis mínima. Una persona —dice la Corte— puede portar más de veinte gramos de la sustancia, siempre y cuando acredite que son para su consumo personal. En palabras del alto tribunal: “Tratándose de consumidores o adictos que porten o lleven consigo sustancias con esa específica finalidad no pueden ser judicializados por la justicia penal y su proceder es de competencia de las autoridades administrativas de la salud”.

En su momento, la Fiscalía General de la Nación afirmó que esto era un fallo “trascendental”. Y que era una decisión, en palabras de Miguel Larrota, director de políticas públicas, “moderna, consistente con una política criminal que persigue a los grandes capos y no a las persona vulnerables”. Es decir, que era la ruptura con la visión de que a los consumidores hay que perseguirlos. Pero Mejía se opone, y asegura que el ente investigador ha “perdido las herramientas” para la lucha.

Increíble.

El origen de esta historia tiene que ver con la interceptación de una llamada telefónica, reseñada en el mismo artículo de El Tiempo: un jíbaro habla con su jefe sobre el procedimiento de venta de una carga de marihuana. Le dice que mandó a “una china” para hacer la labor con la instrucción de que, si la cogen, dijera que es “fumona” porque con eso, según él, sería suficiente para quedar libre. La interceptación se dio en medio de una operación policial para desmantelar la banda criminal Los Domiciliarios en la localidad de Engativá.

El asunto, más anecdótico que fundamental en una ciudad que tiene problemas de dimensiones inimaginables, fue suficiente para que Mejía, es decir, la Alcaldía de Bogotá, hiciera responsable al fallo de la Corte del bajón de treinta y siete por ciento que hubo en los últimos días de los decomisos de base de coca, basuco, cocaína, heroína y marihuana que hizo la Dijín. “Yo creo que esto está en el corazón del crecimiento del microtráfico”, sostuvo el intrépido funcionario.

No creo que Daniel Mejía —que antes de ponerse la chaqueta azul del peñalosismo era un prestigioso académico— sea ciego ante la evidencia. Es imposible que ignore que, en gran parte, precisamente la prohibición ha convertido al microtráfico en un negocio millonario, sin regulación posible. No creo que desconozca que los consumidores son miembros débiles de la cadena de la droga y que, por ende, son aquellos a quienes el Estado o el Distrito (cuando es moderno) debe proteger, como intentó hacerlo la Corte Suprema de Justicia al ampliar el rango de la dosis mínima que —hace 23 años, no más— la Corte Constitucional en un principio había establecido.

Lea también:

Pero Mejía es un secretario de Seguridad. Me imagino que quienes aspiran a este cargo en una alcaldía de, digamos, Enrique Peñalosa, deben aprenderse de memoria un libreto: que a los vendedores ambulantes les debe caer la política contra las drogas; que a los guías de las visitas a los grafitis del centro les debe caer la política contra las drogas; que a un derecho ciudadano básico le debe caer encima la política contra las drogas. Es la moda desde hace medio siglo. Habrá que mantenerla.

Y sí, yo sé que el microtráfico es un problema que llega a los colegios, a los menores de edad, que el menudeo de drogas puede causar problemas que incluyen el orden público, pero resulta increíble que el culpable, según Mejía, sea un fallo de la justicia. Hugo Acero, un experto en seguridad consultado por el mismo diario, dice que detrás del famoso aprovisionamiento se ocultarán muchos distribuidores de droga al menudeo, pero que, al mismo tiempo, "la justicia no meterá a tantos consumidores a la cárcel porque tenían en su haber unos gramos más de la dosis mínima". Y añade lo obvio: hay que atacar a las cabezas del crimen.

Resulta impensable que, aunque ruin, hasta cierto punto sea entendible que un ente estatal, o distrital, no prevea en sus políticas de seguridad la aplicación de las leyes que ya existen. Y que las ataquen cuando no les funcionen. Mucho más cuando la inaplicación de ese tipo de normas —en este caso un fallo— llevaría a la vulneración de un derecho ciudadano.

No prever esto, no ser capaz de anticiparse a la realidad cuando se adelantan políticas de seguridad, revela, sobre todo, ineptitud.

Ineptitud escudada, por demás, en el ansia popular de que los "drogadictos" sean perseguidos por la ley. Qué bajeza.

Una prueba más, por último, de que el modelo de castigar el consumo de drogas (y las drogas mismas) está mandado a recoger.