Seis deudas ambientales que Colombia tendrá que saldar en 2016

Porque prevenir tragedias ambientales es mejor que salir a protestar contra ellas, VICE le preguntó a varios expertos sobre los temas de medio ambiente que tendrá que resolver el país durante este año. Estos son los más urgentes:

Partamos de un hecho: en términos ambientales, nos gobierna una parranda de esquizofrénicos. Con una mano el actual gobierno empuja un carrito lleno de ambiciosas propuestas de conservación. Por ejemplo, pasar de las 68.931 hectáreas de Amazonía que, según un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente y el Ideam, deforestamos los colombianos en 2013 a cero hectáreas deforestadas en la región para 2020 o reducir las emisiones de carbono del país en un 20 % para 2030, meta con la que se comprometió el Presidente hace algunas semanas. Y con la otra, el fracking, una técnica que consiste en inyectar en el subsuelo agua a altísima presión para fracturar capas de roca tras las cuales se ocultan reservas de gas o crudo y que está asociada con efectos colaterales como la contaminación de fuentes de aguas subterráneas y un aumento en los movimientos telúricos en las zonas donde se practica. Al final uno se queda con la duda de a qué le estamos apostando realmente.

Por eso, 2016 será un año clave para que los colombianos nos demos cuenta de cuál es el carro que nuestros gobernantes van a empujar con su mano más hábil: el del modelo extractivista y el desarrollo basado en combustibles fósiles incluso en áreas ambientales estratégicas, como la Orinoquía y la Amazonía o el de las promesas que vienen haciendo en términos ambientales.

Al paso que vamos, el próximo año volverán a caer a varios ríos del país más de 200 toneladas de mercurio provenientes de la minería ilegal. Es verdad que se han creado herramientas para eliminar su uso, y que Colombia se unió al Convenio de Minamata, que busca "proteger la salud y el medio ambiente del mercurio". Pero, ¿qué tanto sabemos sobre los efectos y la proporciones del mercurio que ya fue liberado? Nadie lo sabe, porque no lo hemos averiguado.

Colombia está en mora de hacer una investigación profunda y de alcance nacional sobre las implicaciones reales de la contaminación por mercurio para poder decidir cómo mitigar el daño que ya está hecho. Algunos científicos colombianos se han aproximado al tema y el pronóstico no es bueno. El año pasado, un estudio de la Universidad de Cartagena reveló concentraciones alarmantes de mercurio en comunidades indígenas en el Amazonas. En promedio, los investigadores Jesús Olivero y Liliana Carranza encontraron entre 15,4 y 19,7 partes por millón (ppm) del metal en el cabello de los indígenas. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomiendan que no debe ser superior a 1 ppm. El tema es bastante preocupante, sobre todo si consideramos que la presencia de mercurio por encima de estos niveles está asociada con problemas cognitivos, digestivos y, en el caso de los hombres, deteriora la calidad de los espermatozoides.

Aunque en 2015 el Estudio Nacional del Agua reveló por primera vez la cantidad de metal que se vierte en los ríos cada año, y estudios como el de la Universidad de Cartagena revelan señales de un problema grave, hasta ahora el Estado no se ha metido la mano al bolsillo para hacer un diagnóstico confiable y completo que nos deje saber qué tanto nos está afectando el mercurio y qué puede hacer el país para solucionarlo.

Cada vez que el Gobierno anuncia la creación de una nueva área protegida, es difícil celebrar sin preguntarse cómo va a mantener a los guardabosques que van cuidar estas zonas. La falta de recursos, no sólo para el funcionamiento de estas zonas sino para todo el sector ambiental, sigue siendo la gran debilidad.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue, junto al de Cultura, el hijo malquerido del Gobierno a la hora de repartir la mesada para 2016. Si comparamos con la cifra destinada para Defensa y Policía (un poco más de 29 billones de pesos), el Ministerio de Ambiente recibirá 40 veces menos (711 mil millones) durante el año que viene.

En el caso de las áreas protegidas la austeridad es aún más extrema. Para 59 áreas protegidas que cubren casi 15 millones de hectáreas, el equivalente a 17% de la superficie total del país, el presupuesto es apenas de 51 mil millones de pesos. Y aunque eso suene como un billete largo, en el terreno esto significa que parques como los del Amazonas, con miles de hectáreas, tienen que funcionar con presupuestos inferiores a los 200 millones cada año.

En la Cumbre de París (COP 21) , una reunión convocada en diciembre pasado por Naciones Unidas en la que los 187 países que ratificaron el protocolo de Kioto se sentaron a discutir nuevas estrategias para sobrellevar el cambio climático, Colombia se comprometió a mejorar el Sistema de Parques Nacionales y a consolidar 3,5 millones de nuevas hectáreas para contribuir a la conservación de la biodiversidad. Y aunque Alemania e Inglaterra, dos países que se encuentran en el top 5 de emisores de CO2 a nivel mundial, se comprometieron a apoyar con 300 millones de dólares, conseguir nuestros propios recursos y vigilar que el dinero que nos envían desde afuera no se convierta en mecato a manos de nuestros funcionarios será de vital importancia para cumplir la meta.

Los bosques colombianos no están preparados para la paz, y ese será uno de los grandes debates que esperamos que el país dé en 2016. Los bosques son escenarios clave para el posconflicto: cubren el 51% del territorio nacional y la mayoría de los municipios estratégicos para la construcción de la paz está en áreas de gran importancia ambiental, en zonas como el Chocó biogeográfico, la Orinoquia y la Amazonia.

Que no nos coja la firma de un eventual acuerdo de paz con el cuaderno en blanco: es necesario empezar a planificar estos territorios, sobre todo si se tiene en cuenta la reforma agraria planteada en el proceso de paz, que puede representar cambios drásticos en el uso del suelo, los desafíos que plantea la ocupación de tierras en zonas de bosque y la promoción de inversión para nuevos proyectos en áreas ambientalmente estratégicas.

Eso de inflar el pecho al decir que Colombia tiene dos océanos ha servido poco para generar estrategias para su conservación y el uso responsable de sus recursos. Aunque los convenios de diversidad biológica exigen al menos un 10% de la superficie marina con alguna figura de protección, Colombia alcanza apenas el 1,5%. De las 59 áreas protegidas que tiene Colombia, apenas 16 corresponden a zonas marinas protegidas.Ojalá que 2016 sea un año en el que los colombianos nos demos cuenta de que al mar no sólo hay que protegerlo de Nicaragua.

Una política oceánica mucho más consistente y la declaratoria de nuevas áreas protegidas con presupuesto también hacen parte de las deudas del país para 2016. La situación es preocupante. Aunque avanzan múltiples proyectos para impulsar la pesca responsable y la conservación de especies, sobre todo en el Pacífico, en las últimas décadas se han registrado disminuciones drásticas en la biodiversidad marina y la pesca ha sido una de las actividades más afectadas. Además, en materia de investigación los avances son mínimos y es poco lo que sabemos de nuestros océanos.

Seguimos sin saber qué tan grandes son y hasta dónde llegan los páramos del país. Ese desconocimiento sigue favoreciendo los proyectos mineros que avanzan en estos ecosistemas en donde se produce el 70% del agua de Colombia.

Desde que en 2011 el Gobierno se puso la meta de delimitar las 1.932.987 hectáreas que, según el Atlas de Páramos del Instituto Humboldt, abarcan los 36 complejos de páramos que hay en Colombia, ésta se ha convertido en una de esas resoluciones fallidas de cada año nuevo. El Informe sobre el estado de los recursos naturales y de ambiente que publicó la Contraloría año pasado reveló que, para diciembre de 2014, el Gobierno sólo había delimitado un 3,4% de las áreas prometidas. Aunque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se había comprometido a terminar la delimitación de 21 complejos de páramos este año, la deuda sigue pendiente para 2016.