Brasil está hostigando a sus propios trabajadores de protección ambiental, dicen los denunciantes

RÍO DE JANEIRO, Brasil - La llamada telefónica tuvo que realizarse a altas horas de la noche, cuando nuestras fuentes ya habían terminado su jornada laboral. “Aquí, las paredes oyen”, explicó el empleado de una agencia de conservación de la vida silvestre administrada por el gobierno de Brasil. “Sentimos que nos vigilan constantemente. Nunca sabemos en quién confiar. Es una situación aterradora".

Este empleado es uno de los siete denunciantes que trabajan en las agencias federales de protección ambiental de Brasil, conocidas como Ibama e ICMBio, los cuales hablaron con VICE sobre la persecución que hay en contra de los empleados que defienden las políticas de conservación a las que se opone el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El controvertido presidente de derecha de Brasil tiene fama de atacar a cualquiera que defienda al medio ambiente. Durante su mandato, que cumplirá dos años en enero, el país ha tenido un número récord de incendios forestales y daños a sus recursos naturales. Poco después de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Bolsonaro advirtió que si el presidente electo impone sanciones a Brasil por no proteger la selva amazónica, tendrá que recurrir al uso de la "pólvora" en su contra.

Fuentes dentro de las agencias ambientales de Brasil revelaron que Bolsonaro ha canalizado esa rabia hacia el interior del país, contra sus propios empleados. Informan haber sido intimidados por sus superiores, amenazados con investigaciones internas, degradados de puestos de mando e incluso despedidos. El Ministerio de Medio Ambiente, la institución coordinadora que supervisa todas las agencias de protección ambiental del país, ha prohibido a los empleados hablar directamente con la prensa y expresar sus opiniones en las redes sociales.

“Tomaron una captura de pantalla de mi página de Facebook porque compartí artículos que eran críticos [con el gobierno]. Luego me llamaron para decirme que tenían pruebas de lo que había hecho”, dijo otra fuente, que le pidió a VICE que no publicara su nombre por temor a represalias. La fuente dijo que un superior de alto rango de su agencia de protección ambiental le llamó varias veces para intimidarle con lecturas de ejemplos de publicaciones que había compartido. Le dijeron que no podía "hacer eso si trabaja para este gobierno".

Después de eso, el empleado eliminó la mayoría de sus cuentas de redes sociales. “Nos pusieron un bozal a todos, por lo que han logrado mantenernos callados”, agregó.

Esta continúa persecución es consecuencia de la afirmación del presidente Bolsonaro de que las agencias de protección ambiental de Brasil se interponen en el camino del desarrollo económico del país. El año pasado en las redes sociales, Bolsonaro dijo que los empleados de las instituciones de protección ambiental que "se interpusieran en el camino del progreso" deberían ser enviados a "orillas de la playa", en alusión a donde se llevaron a cabo las ejecuciones de la dictadura militar brasileña de los años 1964 a 1985.

El presidente tiene una fijación especial con las multas medioambientales y ha manifestado en numerosas ocasiones que son perjudiciales para el crecimiento económico. Cuando Bolsonaro recién había sido electo, prometió evitar que Ibama e ICMBio emitieran "multas a diestra y siniestra" y declaró que le pondría “un alto a ese lío". Desde entonces, el gobierno ha recortado en un 24 por ciento el presupuesto anual que financia directamente las operaciones para detener los delitos ambientales en el campo. Entre enero y julio, el número de multas ambientales emitidas por Ibama se redujo un 40 por ciento en comparación con el mismo período de 2019. Y esto de inmediato trajo consecuencias. Ocho de cada diez municipios amazónicos donde disminuyó el número de multas en 2019 presentaron un aumento en la deforestación, según la agencia brasileña de noticias de investigación, Agencia Publica.

Fuentes dentro de las agencias ambientales de Brasil dijeron que la postura del gobierno en contra de las multas ha dado luz verde a la comisión impune de delitos ambientales. "Cuando llegan nuestros equipos de vigilancia, los intrusos que cometen delitos dentro de las reservas de la vida silvestre dicen que tienen la bendición del gobierno para estar allí", dijo una de las fuentes.

En abril de 2019, Bolsonaro aprobó un decreto que agregó un paso burocrático adicional al proceso de pago de multas ambientales. Esto finalmente paraliza los procedimientos, que ya eran lentos, y facilita aún más que la multa expire y el perpetrador salga impune.

Cuando era congresista en 2012, Bolsonaro se hizo acreedor a una multa ambiental personal que expiraba en 2019, la cual nunca pagó. La multa de $10 000 reales (alrededor de $ 1700 dólares) se debió a que estuvo pescando de forma ilegal en un área de conservación de la vida silvestre llamada Estación Ecológica Tamoios, en el estado de Río de Janeiro.

En lugar de pagar lo que debía, el presidente Bolsonaro dijo que planeaba flexibilizar las leyes de conservación y transformar la Estación Ecológica Tamoios en un “Cancún brasileño”. José Olímpio Augusto Morelli, el empleado que emitió la multa, recibió amenazas verbales de Bolsonaro quien le dijo que "consiguiera un abogado", y luego de que Bolsonaro asumiera la presidencia, Morelli perdió su puesto de alto rango como jefe de operaciones aéreas en Ibama. "Después de ser multado, [Bolsonaro] hizo de Ibama y de mí sus peores enemigos”, le dijo Morelli a VICE.

Los empleados que imponen multas y llevan a cabo las operaciones de vigilancia de rutina para detectar actividades ilegales son el blanco principal del gobierno, según le dijeron a VICE los propios empleados.

En abril, Hugo Loss y Renê Luiz de Oliveira, dos jefes de la unidad de vigilancia de Ibama, fueron destituidos tras aparecer en la prensa supervisando una redada para detener la extracción de oro de un territorio indígena en el estado amazónico de Pará. Todo ese proceso fue desaprobado por el gobierno, en especial debido a que en febrero Bolsonaro apoyó un proyecto de ley para legalizar la extracción de minerales en territorios indígenas.

“El año pasado dio inicio una persecución de todos los miembros de nuestro equipo de vigilancia”, dijo una fuente apostada en un área de conservación de la vida silvestre en la profundidad de la selva amazónica. Nos pidió no divulgar los detalles de su lugar de trabajo ni su nombre. Tras participar en una serie de operativos para desalojar a los ocupantes ilegales e incautar decenas de cabezas de ganado que se crían ilegalmente en el área de conservación, de repente fue iniciada una serie de investigaciones en contra de nuestra fuente y sus colegas. "El nivel de persecución casi nos vuelve locos", nos dijo la fuente. 

Despidieron a un empleado y el resto de las investigaciones finalmente fueron desechadas. “Sabíamos que solo nos estaban enviando un mensaje. Después de eso, muchos colegas decidieron que ya no querían participar en futuras operaciones de vigilancia".

Los funcionarios de alto rango de las agencias de protección ambiental de Brasil también están sufriendo degradaciones generalizadas. Inmediatamente después de que Bolsonaro asumiera el cargo de presidente, 21 de los 27 supervisores regionales en Ibama fueron destituidos de sus cargos. Quienes ocupaban puestos clave en esas agencias fueron reemplazados por agentes de la policía militar. En total, hay 99 militares ocupando posiciones de liderazgo dentro de las agencias ambientales brasileñas Ibama, ICMBio y Funai, la agencia de protección de los derechos indígenas.

En mayo, en respuesta a una protesta internacional por los incendios forestales fuera de control en el Amazonas, Bolsonaro desplegó tropas militares para contener los delitos ambientales. Para que eso sucediera, emitió un decreto ejecutivo conocido como Garantia da Lei e da Ordem (GLO), el cual subordinaba todas las decisiones tomadas por las agencias ambientales al Ministerio de Defensa hasta noviembre.

“Esta militarización es muy costosa y genera pocos resultados porque el personal militar no está preparado para este tipo de operaciones. Sería más efectivo usar ese dinero para reconstituir a los equipos de las agencias ambientales que ya están altamente capacitados para ese trabajo”, le dijo a VICE Suely Araujo, ex directora de Ibama.

El gobierno gasta $60 millones de reales ($10 millones de dólares) mensuales en la intervención militar de la Amazonía, cifra que representa casi la totalidad del presupuesto de Ibama para las operaciones de vigilancia de todo un año.

Esta militarización también se usa como una táctica de difusión del miedo dentro de las agencias ambientales de Brasil, le dijeron a VICE quienes trabajan allí. Un empleado dijo que un oficial militar que era su superior lo abordó después de que expresara en el trabajo opiniones críticas hacia las políticas ambientales del gobierno. “Me recordó que él era parte de la policía militar y que ellos tienen contactos en todo el país. Dijo que si hay algo que ellos necesiten saber, lo van a averiguar”, dijo la fuente. “Después de eso, me volví muy paranoico y temeroso ante tal persecución. Terminé por caer en una depresión y tuve que buscar tratamiento".

Pero los empleados de las atribuladas agencias ambientales de Brasil están dando pelea. Ascema, la asociación nacional de trabajadores ambientales, está recopilando historias de persecución y planea enviar un informe a las Naciones Unidas detallando cómo el gobierno de Bolsonaro está "desmantelando las políticas ambientales en Brasil". Los miembros de Ascema dijeron que en sus esfuerzos por organizarse se han encontrado con comentarios intimidantes por parte de los altos mandos, quienes los instan a detenerse.

"Estamos viendo un aumento absurdo de casos [de persecución]. No se compara con nada que haya visto en mis 40 años como funcionaria pública", dijo Elizabeth Uema, una de las jefas de la asociación que recibe un flujo constante de quejas provenientes de los empleados. Uema dijo que la estrategia del gobierno es sembrar miedo mediante ataques sutiles. “Digamos que alguien habló con los medios. A esa persona de repente se le negará tomar un curso o recibir un beneficio que solicitó, o será trasladada a un lugar remoto y la obligarán a desarraigar su vida”, explicó.

A pesar de vivir con miedo, otro miembro de la asociación, quien pidió que no se revelara su nombre, dijo que no le queda más remedio que resistir. “Es una lucha por la supervivencia. No se trata solo de conservar nuestros empleos, sino del futuro de lo que hacemos, que es mantener viva la biodiversidad de nuestro país".