Si viajas a Israel mejor que un abogado te acompañe al aeropuerto

A Anna Rius la retuvieron durante horas en el Aeropuerto de Barcelona el pasado 20 de enero. La primera retención fue en la mesa de la compañía israelí El Al Airlines. Debía tomar un avión hacia Tel-Aviv, Israel, y el servicio de seguridad de las aerolíneas le preguntó por qué este era el segundo año que viajaba al país. Rius, cooperante de la ONG Institut de les Desigualtats y edil del ayuntamiento de la localidad catalana de Terrassa, se dirigía a Nablús, Cisjordania, para participar del proyecto Hèlia, una iniciativa de cooperación contra la violencia machista en territorios ocupados.

Le permitieron embarcar, pero luego, según ella, las personas de El Al que durante el check-in le habían estado preguntando insistentemente por los motivos de su viaje, junto a una agente de la Guardia Civil, la acompañaron hacia una sala a pie de pista donde, además de interrogarla de nuevo, le revisaron el equipaje.

Anna Rius asegura que la agente de la policía militar española se quedó en la puerta y que quien efectuó el registro fue el personal de la compañía aérea, que nunca llegó a identificar cuál era su rol en la seguridad del proceso de embarque.

A las interrogadoras, que se dirigían a Rius en un marcado acento argentino, el primer país en Latinoamérica y el octavo del mundo en lo relativo al número de personas que profesan el judaísmo, se les unieron dos más,  con un hombre, que utilizaban el inglés para dirigirse a ella. De acuerdo a Anna Rius, entre ellos hablaban en hebreo.

Nunca se identificaron, según la afectada, y hasta le llegaron a pedir que les enseñara su Facebook. Fuentes de la benemérita, denominación popular de la Guardia Civil, aseguraron a un periódico de Terrassa que Rius dio positivo al pasar por el detector de trazas de explosivos, aunque la edil sostiene que ningún agente de la fuerza pública española estuvo presente en aquellos momentos.

Ella llegó a creer que se trataba de agentes de la policía israelí, pues le hicieron firmar un documento en el que, en una casilla en blanco en la que había que introducir un número de placa, se situaban al mismo nivel que la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra. Luego supo que se trataba de una empresa privada, en la que trabajaba personal israelí.

"Mi sensación es que esta gente tienen un entrenamiento muy profesional, porque el interrogatorio fue muy duro. Me pedían que les enseñara el Facebook. Una hacía de jovencita simpática, mientras su compañero se ponía serio", explica a VICE News Anna Rius, refiriéndose a una táctica habitual entre los cuerpos policiales de todo el mundo.

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¿Convenios sin supervisión legal?

VICE News preguntó al departamento de la Guardia Civil del Aeropuerto del Prat por esta cuestión: fruto de un acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Israel, las autoridades españolas permiten que las compañías contraten a los agentes de seguridad que les parezcan convenientes para llevar a cabo un registro suplementario. No se trata de una fuerza policial, sino del equipo de seguridad de las aerolíneas, que establecen este convenio como condición para operar en una terminal.

Aunque es habitual que en estas empresas cuenten con personal formado en la policía. Un miembro del Grupo de Acción Rápida de la benemérita cuenta a este medio que es común que agentes pidan excedencias para ejercer en la seguridad privada, mucho mejor pagada que la función pública.

Fuentes jurídicas consultadas por VICE News tildan de "extremadamente ilegal" la supuesta actuación de esta empresa. La ley española no permite, al amparo del principio de transparencia y del control democrático de los poderes públicos, un interrogatorio, ni tan siquiera a un policía, si no hay una investigación abierta.

Mucho menos a una compañía privada, sean cuales sean los convenios firmados, a los que no se puede tener acceso público, pues los acuerdos en materia de seguridad de los aeropuertos son confidenciales.

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Una empresa fundada por ex espías

Todos los indicios apuntan a que la empresa en cuestión es I-SEC, una compañía con raíces en Israel creada en 2005 por ex miembros del aparato estatal de defensa y seguridad.

VICE News no ha podido tomar declaraciones a los responsables de I-SEC para constatar si siguen siendo los responsables de la gestión de la seguridad en El Al tras varios intentos fallidos de comunicarse con sus oficinas en el Aeropuerto del Prat. El área de seguridad de la Embajada israelí remite a la compañía aérea, y el director de El Al en España, Walter Wasercier, ha afirmado, en boca de su secretaria, "que no tiene comentarios".

I-SEC se origina en la firma internacional ICTS, fundada en 1982 por ex miembros del Shin Bet, la inteligencia israelí, y del equipo de seguridad de las aerolíneas El Al. Según investigaciones anteriores, en el aeropuerto barcelonés habrían administrado la seguridad de los vuelos de Continental Airlines, PIA, Singapore, Qatar y Emirates Airlines. I-SEC opera en otros tantos países de la Unión Europea y norteamérica.

Estas mismas investigaciones, recogidas en el informe Defensa, seguridad y ocupación como negocio, recuerdan que ICTS ha sido investigada por no tener su estructura acreditada ante Interior y por cuestiones de contraespionaje.

Alejandro Pozo, director del informe, también señala a VICE News en un correo las ilegalidades en las que podría haber incurrido la firma israelí.

"En todo caso, los agentes, privados o no, están obligados a identificarse, por lo que Anna Rius debería saberlo (si no, tiene materia de denuncia)", afirma tajante.

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Otros casos

Junto a Anna Rius viajaba, en el vuelo de regreso, la monja benedictina Teresa Forcades, a quien Israel prohibió la entrada en el país al considerarla un "peligro para la seguridad". La religiosa y activista catalana iba a impartir unas clases de teología en la Abadía benedictina de la Dormición.

Forcades entiende que su repatriación por parte de funcionarios del país de Oriente Próximo se debe al hecho que el pasado julio mostró su apoyo a la llamada Flotilla, una expedición que pretendía romper el bloqueo israelí contra la Franja de Gaza. Forcades está estudiando la posibilidad de tomar acciones legales al amparo de las resoluciones de Naciones Unidas exigiendo a Israel que garantice el libre acceso a los sitios sagrados.

"Me gustaría [sostener una demanda], especialmente porque me han dicho que hay una resolución de Naciones Unidas que dice que Israel no puede prohibir a nadie el acceso a 'sitios santos' (sitios de de peregrinaje religioso) y yo iba a uno de esos sitios (la Abadía benedictina de la Dormición) a hacer clases de teología", declara Teresa Forcades en un correo dirigido a VICE News.

Pero estas resoluciones no tendrían ningún valor jurídico.

"Me temo que cualquiera de las [resoluciones] que se ha podido adoptar en la ONU respecto de Israel es meramente recomendatoria. Ese es el caso si se trata de resoluciones de la Asamblea General", aclara a VICE News Rosa Ana Alija, profesora de derecho público internacional de la Universidad de Barcelona (UB).

Solamente aquellas emitidas por el Consejo de Seguridad y en un marco determinado tendrían efecto. Aunque hay un pero:

"Asimismo, si las resoluciones emanan del Consejo de Seguridad, sólo serían obligatorias si se adoptaran en el marco del capítulo VII. Sin embargo, respecto de Israel todas las que el Consejo ha adoptado se enmarcan en el capítulo VI y, por consiguiente, tienen carácter no obligatorio", añade la académica.

Anna Rius, con la que abría el artículo, insiste en lo siguiente:

"Esto no es algo extraño. Lo sufren muchos pasajeros y lo sufren de forma sistemática los cooperantes y activistas solidarios. Y se sufre a diario por la población palestina. Habría que focalizar el tema en la política de represión que se está iniciando y que va a más, y que ya veremos hasta dónde nos lleva. Esta es una política que establece el Estado de Israel y que el Gobierno español le facilita", concluye la cooperante y edil.

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