Brasil: El COVID y la derecha intervienen una protesta okupa

RIO DE JANEIRO, Brasil - Vestidos con camisetas y jeans, y sin llevar mascarillas, los dos diputados se pararon afuera de la cerca de alambre alrededor de los terrenos del antiguo Museo Indígena de Río de Janeiro, ahora un lugar que ha sido ocupado a manera de protesta. Al asomarse, gritaron una mezcla de insultos y amenazas, llamando a los ocupantes del lugar "basura urbana".

“Esta vez vinieron desarmados y no entraron”, dijo Urutau Guajajara, de 60 años, profesor de lenguas indígenas. Se refería a un espacio de 14 300 metros cuadrados a pocos metros del enorme estadio de fútbol de Maracaná.

Los actuales ocupantes del lugar esperan convertir el terreno en una universidad indígena multiétnica. "No queremos un museo de objetos, queremos un museo viviente", dijo la esposa de Guajajara, Potyr, refiriéndose al Museo Indígena que ahora se encuentra en el centro. “Allí no hay seres humanos indígenas, solo fotos”.

Pero atrapados entre una pandemia rampante y los múltiples niveles del gobierno de extrema derecha, esos planes ahora están en riesgo. El daño catastrófico causado en Río de Janeiro por el COVID-19 y una ola continúa de políticas conservadoras ponen en duda el futuro del sitio histórico y en riesgo de un nuevo desalojo a sus ocupantes.

“Este es un momento extremadamente peligroso”, dijo Marize Guarani, presidenta de la Asociación Indígena Aldeia Maracanã (AIAM) y ex ocupante de Aldeia.

“El presidente Jair Bolsonaro odia a los indígenas”, dijo Guarani. En un discurso en 1998, el entonces diputado Bolsonaro lamentó que la caballería brasileña no hubiera sido "tan competente como la estadounidense, que aniquiló a la mayor parte de sus indígenas en el pasado, y ahora, ya no tienen ese problema en su país". Al asumir el cargo como presidente 2019, Bolsonaro aseguró que no otorgaría nuevas tierras a los pueblos indígenas.

El diputado del estado de Río de Janeiro, Rodrigo Amorim, aliado de Bolsonaro y uno de los dos diputados que visitaron el sitio la semana pasada, pidió que la Aldeia Maracanã se convierta en un estacionamiento o en un centro comercial, y agregó que "a quien le gusten los indios se puede ir a Bolivia". Guajajara recordó que Amorim ha llamado a la zona una “cracolandia” o tierra del crack y que a principios de 2019 ingresó al terreno usando un chaleco antibalas y acompañado por policías de su gabinete vestidos de civil.

"Aquí teníamos niños, ancianos y personas en sillas de ruedas", dijo Potyr, al recordar el incidente de 2019.

En una nota a la prensa, la oficina de Amorim escribió que el diputado estatal había visitado el lugar el 29 de septiembre para verificar informes sobre robo de cableado eléctrico y telefónico. Citando informes ejecutivos sobre las precarias condiciones de vida dentro del terreno, Amorim expresó preocupación por el bienestar de sus ocupantes. En lugar de estar ocupada, el área podría albergar "nuevas atracciones turísticas para la ciudad", decía la nota.

Cuando VICE News visitó el sitio a principios de octubre, era el hogar de cinco familias, una mezcla de etnias guajajara, xavante, puri, ashaninka y kariri. Ninguno se había enfermado de COVID-19, dijo Potyr, y agregó que en una reciente campaña de pruebas para la enfermedad, hecha por el gobierno de la ciudad, todos los ocupantes resultaron negativos. “Querían poder decir que estábamos infectados, poder decir 'Saquemos a todos de allí'”, dijo.

Este sitio, que alguna vez albergara al que fue el primer museo indígena en toda América Latina, había estado abandonado durante décadas luego de la reubicación del museo en el centro de la ciudad en 1978. No fue sino hasta 2006 que una mezcla diversa de pueblos indígenas se organizó y ocupó de manera colectiva la derruida estructura. Entonces, de 2006 a 2012 sirvió como un espacio educativo para la cultura indígena, temporada en que fue visitado por académicos de todo el mundo.

Luego, en el período previo a la Copa del Mundo, el que fuera gobernador del estado en ese momento, Sérgio Cabral, quien actualmente cumple una condena de 294 años por corrupción y lavado de dinero, planeó demoler el edificio para construir el estacionamiento de un estadio; pero dio marcha atrás y el alcalde Eduardo Paes accedió a registrarlo como un sitio cultural, protegiéndolo así de manera definitiva de la demolición. Sin embargo, los ocupantes de la Aldeia Maracanã fueron desalojados y reubicados en viviendas temporales a varios kilómetros de distancia mientras el gobierno se preparaba para restaurar el edificio.

Al no estar seguros del compromiso del gobierno, el grupo resistió varios intentos consecutivos de desalojo, pero se doblegaron el 22 de marzo de 2013, cuando enjambres de policías militares llegaron al sitio a las 3 am. Los policías rodearon el edificio en camiones blindados y portando equipo antidisturbios para expulsar por la fuerza a los ocupantes de la Aldeia. “Llegaron listos para la guerra. Nosotros no teníamos ni una sola arma. Fue ridículo”, dijo Carlos Doethyró Tukano, el entonces jefe de la Aldeia.

El grupo se dividió en dos. Una parte del mismo se mantuvo en diálogo con el gobierno y aceptó el desalojo con la condición de que se creara un Consejo Estatal de Derechos Indígenas y un Centro Cultural Indígena, que se construiría en la Aldeia.

Pero Guajajara y un grupo más pequeño no creyeron que el gobierno cumpliría sus promesas, así que en 2016 volvieron a ocupar el sitio. Su colectivo, conocido como Aldeia Rexiste (un juego de palabras hecho con los verbos resistir y reexistir en portugués), ahora ocupa el espacio con la esperanza de construir una universidad multiétnica dirigida por indígenas.

Pero vivir ahí es duro.

El gobierno quitó el gua, el alcantarillado y la electricidad después de los desalojos de 2013. Ahora, el grupo recibe una vez al mes y en donación un camión que pasa a rellenarles un tanque de agua, mientras que unos biólogos les ayudaron a construir unos baños secos. Logran subsistir a través de la venta de frutas que cultivan localmente y de artesanías tejidas a mano. “Vender artesanías es realmente nuestro único medio de subsistencia”, dijo Guajajara.

El gobierno finalmente cumplió su promesa de crear un Consejo Indígena a nivel estatal, para lo cual inauguró el organismo CEDIND en 2018. Guarani, quien es parte del consejo, elogió su composición pues incluye a representantes de poblaciones indígenas urbanas y rurales de Río de Janeiro, a organismos estatales y a universidades locales. "No puedo pensar en ningún otro consejo que incluya todo eso", dijo.

Sin embargo, el centro cultural prometido desde hace siete años aún no tiene para cuándo concretarse. Tukano, ahora copresidente de CEDIND, se muestra escéptico ante las excusas financieras del gobierno. "Gastaron $270 millones de dólares en la remodelación del estadio de fútbol Maracaná", dijo. "Nosotros solo necesitábamos cinco millones para renovar nuestro edificio".

Hasta que no se materialice el proyecto cultural con el que sueñan los ocupantes, la Aldeia sigue en peligro. Su estatus de sitio cultural, ganado con mucho esfuerzo, protege al edificio de la demolición, pero no impide que se efectúen cambios en su interior.

“A la gente le molesta tener en la ciudad de Río de Janeiro, a la cual llaman la capital cultural de Brasil, un edificio que muestra la negación de nuestros derechos como pueblos indígenas y que está vinculado directamente con nosotros”, dijo Guarani.