Time Warp Argentina: tragedia en la pista, ¿qué pasó con la Justicia?

Al día siguiente de la tragedia los testimonios de los chicos se multiplicaban en los medios y las redes sociales. "Estaba sobrevendido", "hacía demasiado calor y era difícil respirar", "no había agua en las canillas de los baños".

Y así como los medios no tardaron en buscar voces, también el fiscal a cargo de la investigación, Federico Delgado, avanzaba veloz -algo inusual para la Justicia argentina- en el desarmado de la estructura de sociedades que produjeron el evento. Tan sólo en un mes, Delgado le presentó al juez de la causa, Fabían Casanello, un dictamen con los contornos y responsables de un holding empresarial que había concebido al festival como un espacio libre para la venta de drogas y al margen del control de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, había comercializado entradas casi dos veces por encima de la capacidad del venue para forzar, por el calor del hacinamiento y el cierre de las canillas en los baños, la venta de bebidas a precio exagerado.“ En un espacio cerrado, la organización generó las condiciones para que un grupo de personas vendiesen libremente drogas a los concurrentes. Permitieron la venta de drogas porque las sintéticas requieren de hidratación constante, y la organización vendía el agua. De este modo las drogas fueron el vehículo para vender más agua”, afirmó el fiscal en sus dictámenes.

Para él, contratar la marca Time Warp, rentar el predio Costa Salguero, vender 20 mil entradas cuando la habilitación era para 13 mil, cerrar el agua en los baños y hacer la vista gorda para con los dealers, todo eso tenía por fin: lucrar con la desesperación de la gente por hidratarse. Y, al seguir esa línea, había un hombre que articulaba toda la operación: Víctor Stinfale.Famoso en la televisión por sus intervenciones como abogado de Diego Armando Maradona y conocido en el ambiente judicial argentino por haber defendido a ladrones de bancos y estar imputado en el encubrimiento del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994, Stinfale es también -y aquí empieza a armarse el rompecabezas del fiscal- socio fundador y abogado de Energy Group, la empresa que fabrica y vende la bebida energizante Speed y el agua Block.Las bebidas de cabecera en las barras de la Time Warp esa noche de abril.

El primer responsable en caer fue Adrián Conci, el presidente de la productora que contrató la marca y se encargó de la logística del evento, Dell Producciones. Cuando la Justicia analizó su teléfono, se encontró con un grupo de WhatsApp: “Time Warp”. Ahí, entre otras actualizaciones sobre lo que ocurría en el predio, se iban informando la cantidad de asistentes: 20.153. Siete mil personas más que lo permitido por la habilitación. En ese grupo participaba una usuaria agendada como “Érica Víctor". Interrogado, Conci admitió que era Érica Troilo, la secretaria de Víctor Stinfale. ¿Por qué alguien que sólo era proveedor de Speed y Block tenía acceso a esa información? Además, otras circunstancias llamativas llevaron al fiscal a solicitar la detención preventiva de Stinfale: los empleados de limpieza que trabajaron esa noche eran empleados de Energy Group, la línea del celular de Conci era propiedad de esa misma firma e incluso la casilla de correo utilizada por él en la cadena de mails de los organizadores era adrian@speed-unlimited.com.ar. “¿No era que Dell contrababa a Speed? se preguntó el fiscal Delgado en otro de sus dictámenes.

Con este escenario, un mes después de la Time Warp el juez Casanello procesó con prisión preventiva -por entender que su libertad ponía en riesgo la investigación- a Stinfale y Conci. También fueron detenidos dos apoderados de Dell, Carlos Garat y Maximiliano Ávila; el titular de la empresa de seguridad privada que debían cuidar los accesos, Carlos Penise, y el asesor artístico del evento, Martín Gontad. Se les acusaba de “comercio de estupefacientes agravado y abandono de personas seguido de muerte”, una carátula penal que podía tener condenas de hasta 15 años de prisión.

No obstante, la justicia pretendida por los familiares de las víctimas se dio de frente con un órgano judicial que empezó a desbaratar los avances en la investigación. La sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, instancia superadora de los jueces federales de esa ciudad, cambió la causa que se les seguía a los detenidos y ordenó liberarlos. Ahora estarían imputados por “homicidio culposo y lesiones graves culposas”, un delito que, a su criterio, no era meritorio de prisión preventiva.

Habían pasado poco más de dos meses desde las detenciones y ahora, con la nueva disposición de la Cámara, los acusados quedaron en libertad. Y no tardaron en usarla.

Tras lograr la libertad Víctor Stinfale, a través de sus abogados, intentó dos veces apartar al fiscal Delgado. Lo acusó de parcial y de no tener objetividad ni respeto por el proceso judicial al haber solicitado la elevación a juicio de la causa. En dos ocasiones, el juez Casanello rechazó estos pedidos, pero los defensores del socio fundador de Speed apelaron ante la entidad de jerarquía superior y el pedido cayó en manos de… la Sala II de la Cámara Federal. En marzo pasado Irurzun y Farah resolvieron apartar al fiscal Delgado de la causa por considerar que había “desinterés” de su parte por “el descubrimiento de la verdad objetiva”. “Yo me lo voy a cargar a Delgado”, había anticipado Stinfale en TV luego de salir.

Lo que no anticipó fue que también iría por el juez de la causa. Más de 10 quejas fueron presentadas por su defensa ante Casanello, que no hizo lugar a todos los pedidos. La fórmula fue la misma que con Delgado: apelar y esperar. En agosto último, la persona que esa misma noche sabía que había siete mil personas demás en el predio de Time Warp logró que apartaran al juez que conducía la causa. ¿La decisión? Cortesía, otra vez, de la Cámara Federal a cargo de Irurzun y Farah.

¿Entonces? La Defensoría del Pueblo es un organismo estatal autárquico que cuida los intereses de los ciudadanos ante fallos u omisiones de los funcionarios públicos. Ante ella pidieron asistencia los familiares de las víctimas luego de la tragedia, por estar involucrados en los hechos funcionarios de inspección del gobierno y agentes de prefectura que quedaron imputados en la causa. Tras conocer la decisión de la Cámara de apartar al juez. El defensor Alejandro Amor afirmó: “Los acusados hacen todo para voltear la causa. En la Justicia siempre hay elementos que permiten dilatar si no hay una firme decisión de ir a fondo, con el tiempo se van diluyendo. Podrán decir que son normas legales, pero en realidad se llaman chicanas judiciales que buscan impedir el desarrollo del juicio”.

Con un juez y un fiscal nuevos al frente de una causa enorme -y con los antecedentes de las remociones concedidas por la Cámara a pedido de los acusados- lo único seguro es que la Time Warp no sólo pasará a la historia como una de las tragedias más graves de la movida electrónica en América del Sur, sino también como un ejemplo de cómo la Justicia puede, como los DJ, jugar los tiempos a la medida de su interés.

Conéctate con Thump en Español en: Facebook // Instagram.